Con la promulgación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, sobre la Jurisdicción Voluntaria, se ha introducido una significativa reforma en el Código Civil español. Esta modificación tiene como finalidad proporcionar un marco más flexible y adaptado a las necesidades actuales de los ciudadanos en cuestiones civiles no contenciosas. Una de las transformaciones más relevantes es el establecimiento de un nuevo orden en la administración y adjudicación de bienes e importes económicos.
Aspectos Clave de la Ley 15/2015
La Ley 15/2015 trae consigo un conjunto de disposiciones que busca desjudicializar determinados procesos. En este contexto, las autoridades competentes para ciertos actos jurídicos no contenciosos ya no son exclusivamente las judiciales. Ahora, también se otorga competencia a notarios y registradores para llevar a cabo numerosas funciones, lo cual agiliza los procedimientos y descarga a los tribunales.
Distribución de Importes: Dos Terceras Partes
Uno de los puntos más trascendentales es la distribución de importes monetarios derivados de procesos judiciales o administrativos. Según establece la nueva normativa, las dos terceras partes del importe generado deberán repartirse conforme a las directrices estipuladas, asegurando así una gestión más equitativa y transparente de los recursos involucrados.
Impacto en la Sociedad
Esta reforma no solo pretende facilitar el acceso a la justicia, sino también optimizar el tiempo y los recursos de los ciudadanos. Además, la posibilidad de acudir a notarios o registradores para resolver cuestiones de índole voluntaria incide positivamente en la eficiencia del sistema judicial, permitiéndole enfocarse en casos verdaderamente contenciosos.