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Publicado el estudio sobre el 'Impacto de la pandemia COVID-19 en las personas con discapacidad'

22/06/2021

Los resultados de la investigación han sido presentados en un acto en el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD).

Foto de familia de la presentación del estudio 'Impacto de la pandemia COVID-19 en las personas con discapacidad'

Los fondos europeos se orientarán a reparar las quiebras que ha dejado la pandemia en los derechos de las personas con discapacidad, según ha declarado este martes el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, durante la presentación del estudio sobre ‘El impacto de la pandemia COVID-19 en las personas con discapacidad’, investigación de la Dirección General de Derechos de las personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que analiza las consecuencias de la crisis sanitaria en la población con discapacidad.

Durante su intervención, Martín Blanco ha explicado que dentro del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, se pondrá en marcha el programa España País Accesible, con más de 100 millones de euros orientados a transformar de raíz nuestro paisaje “para que sea practicable a todas las personas sin excepciones”. Estos fondos, ha señalado, “se destinarán a cumplir la Ley, a reparar y a ensanchar derechos, en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, la vivienda, la educación, la justicia, la salud o la cultura”.

La presentación, que ha tenido lugar en el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), también ha contado con la participación de la consejera técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, María Teresa Fernández Campillo, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, y la directora del CEDD, Elena Ortega Alonso.

Para la consejera técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, es fundamental que este estudio y sus resultados se conozcan y difundan. Además, ha puesto en valor la importancia de contar en la presentación con las propias personas con discapacidad participantes, y así “poner en primera persona y con testimonios los datos estadísticos que hemos obtenido en la investigación”.

Por su parte, el presidente del CERMI ha recordado las situaciones difíciles y discriminación que han vivido muchas personas con discapacidad, y ha hecho hincapié en el papel fundamental de las organizaciones del tercer sector y de la sociedad civil al dar una respuesta rápida en los primeros momentos de la pandemia y confinamiento. “Nuestro compromiso nace de ahí, nos debemos a las personas”, ha manifestado.

La directora del CEDD y coautora del estudio, Elena Ortega, ha sido la encargada de presentar los resultados de la investigación, de los que ha destacado la importancia fundamental del capital humano en la atención a las personas con discapacidad. Es necesario, ha afirmado, “que haya más profesionales preparados, además de un cambio hacia un modelo de atención centrado en la persona y que recoja el paradigma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Pandemia y discapacidad en primera persona

Tras la presentación de los principales resultados del estudio se ha desarrollado una mesa-coloquio en primera persona en la que han intervenido Javier Martínez-Aceytuno en representación de la Confederación ASPACE; Daniel de Vicente Corbeira, de la Asociación ASMD España, integrada en FEDER, y Ana Belén Ruiz Díaz, en representación de FIAPAS.

Martínez-Aceytuno ha incidido en su intervención en la falta de servicios y apoyos durante el confinamiento. “Durante 4 meses no pude acceder a los servicios necesarios para que mi condición no empeore”, ha contado, y ha relatado además la difícil experiencia de, por un lado, necesitar asistencia personal y, por otro lado, “tener miedo incluso a la propia familia”.

Asimismo, de Vicente ha considerado muy positivo el esfuerzo realizado por las asociaciones para no interrumpir tratamientos. “Es muy importante que esto se generalice y se mantenga en previsión de futuras pandemias, y que haya una partida presupuestaria destinada a estas cuestiones”, ha expresado.

Ruiz Díaz, como madre de un menor con discapacidad, ha hablado de las dificultades que ha atravesado su hijo durante la pandemia y ha destacado que la accesibilidad tiene que ser igual para todos, independientemente de la discapacidad que se tenga. “Tenemos mucho que aprender para que no nos vuelva a ocurrir esto si vuelve a haber una situación parecida”, ha opinado.

El estudio, que ha sido realizado por el Servicio de Información e Investigación Social (SIIS) de la Fundación Eguía Careaga y editado por el Real Patronato sobre Discapacidad, combina el enfoque cuantitativo y cualitativo a través de microencuestas online y la aplicación del método Delphi con profesionales y personas expertas. Se busca con esta metodología mixta identificar las principales dificultades que han afrontado y siguen afrontando las personas con discapacidad, así como sus familiares y entorno a causa de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en ámbitos como los servicios sociales, el empleo, la educación, la salud y los derechos básicos, y reflexionar en torno a las consecuencias socioeconómicas y los retos futuros que la crisis tendrá para las personas con discapacidad, con el fin de proponer posibles líneas de actuación desde un enfoque de derechos humanos.

Impacto en servicios sociales, empleo, educación, salud y derechos.

Así, en el ámbito de los servicios sociales, la investigación muestra que el 33,5 % de las personas con discapacidad afirma que sus necesidades no han sido cubiertas durante la crisis sanitaria, es decir, no han recibido los servicios o prestaciones sociales que han necesitado. Por el contrario, un 30,1 % del total de personas encuestadas han recibido todos los servicios y prestaciones sociales que han declarado que necesitaban, aunque fuera de forma limitada o incompleta. Entre las conclusiones también destaca que tres de cada cuatro personas con necesidades no cubiertas han aumentado la ayuda por parte de la familia a o las personas cercanas en comparación con la situación anterior a la pandemia (78,5 %), su calidad de vida ha empeorado (76,4 %) y han perdido autonomía con el consiguiente aumento de la necesidad de ayuda (74,1%). Además, siete de cada diez personas con discapacidad declaran que su estado de ánimo ha empeorado (70,2 %) y más del 60% considera que su estado de salud física (65,2 %) y salud mental (63 %) son en la actualidad peor que antes de la pandemia debido a la falta de los servicios que necesitaban.

En lo relativo al empleo, el estudio revela que, tras seis meses desde el comienzo de la pandemia, el 38,4 % había mantenido el empleo que tenían con anterioridad. En concreto, el 33,7 % seguía en el mismo trabajo que tenía entonces y el 4,7 % también había mantenido el empleo, aunque en la actualidad se encontraba en situación de ERTE. El 12,9 % de participantes había perdido el trabajo que tenía durante los últimos meses. En cuanto a las condiciones laborales, la mayoría de las personas trabajadoras afirman que se han mantenido sin cambios. Sin embargo, una de cada cuatro considera que la carga de trabajo que tiene en la actualidad ha aumentado (26,7 %), el 16,5 % trabaja más horas que antes y dos de cada diez afirma que su salario mensual se ha visto reducido (19,9 %). El 35 % de las personas trabajadoras en la actualidad reconocen haber trabajado desde casa en alguna ocasión durante la pandemia. Desde el comienzo de la pandemia, siete de cada diez personas trabajadoras han vuelto a su puesto de trabajo de forma presencial (67,7 %) y uno de cada cuatro no lo ha hecho aún (24,5 %).

Por lo que respecta a la educación, a ocho de cada diez personas con discapacidad de 6 años o más que en ese momento estaban estudiando, el centro en el que estudiaban les posibilitó poder seguir las clases y estudios desde casa (79,5 %). Por el contrario, el restante 20 % no tuvo ese respaldo. Pese a la falta de ayuda por parte del centro educativo, el 8,3 % pudo seguir estudiando por su cuenta en casa o con la ayuda de alguien externo al centro educativo y el 11,5 % no pudo seguir con su plan formativo. La mayoría de los estudiantes han tenido problemas derivados del estudio desde el hogar, pero entre quienes han podido continuar con sus estudios, también hay una mayoría que realiza una valoración positiva del apoyo ofrecido desde el centro de estudios (70,3 %).

En cuanto a la salud y atención sanitaria, seis de cada diez personas con discapacidad ha necesitado atención sanitaria por un motivo imprevisto (62,3 %). Entre ellas, el 70,1 % considera que la atención ha sido peor o mucho peor que la recibida anteriormente. La gran mayoría de las personas participantes en la encuesta no han estado ni están en este momento enfermas de COVID-19 (78,8 %). Un 35,7 % considera que las personas con discapacidad han tenido algunas (19,1 %) o muchas (16,6 %) dificultades para recibir atención médica, debido a su discapacidad.

En el capítulo de derechos básicos, la investigación revela que un 69,4 %  de las personas encuestadas ha realizado “salidas terapéuticas” durante la fase de confinamiento y, entre estas, el 43,5 % ha sentido que sus vecinos y vecinas les han comprendido, apoyado y respetado; el 14,5 % no ha podido salir a la calle acompañado de otra persona y el 7,7 % manifiesta que en alguna ocasión le paró la policía y le pidieron que enseñara el certificado de reconocimiento de discapacidad o algún informe médico. El 6,4 % reconocen que les han insultado o gritado por haber salido a la calle. Es también destacable que cuatro de cada diez personas participantes declara que no se ha sentido discriminado o no considera que le hayan tratado peor que al resto de personas (42,4 %), si bien una de cada diez considera que le han tratado peor que al resto de personas sin discapacidad a la hora de poder recibir prestaciones y ayudas (11,5 %), en el ámbito de los servicios sociales, en la atención y los tratamientos médicos (9,9 %), en el espacio público (9,5 %) y a la hora de conseguir o mantener un trabajo (9,5 %).

Por último, cabe destacar la elevada participación de las personas con discapacidad, cuidadoras o tutoras legales en la primera fase del estudio, ya que en su conjunto se han incluido en el análisis un total de 4351 encuestas, lo que pone de manifiesto la necesidad y la buena disposición a trasladar las situaciones difíciles que han vivido en esta situación generada por la pandemia y, además, a formar parte y a incidir en la respuesta que ha de darse a la situación de vulnerabilidad a la que están expuestas. Para contribuir a este objetivo, la investigación ha sido diseñada también con el fin de reflexionar sobre los retos y las posibles futuras líneas de actuación y proponer recomendaciones de cara tanto a minimizar las consecuencias de la crisis para las personas con discapacidad como para evitar en la medida de lo posible las de las posibles futuras pandemias.

El estudio está a disposición de los usuarios de forma gratuita y online en el catálogo del CEDD y en la página web del Real Patronato sobre Discapacidad.


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